VANESSA ROMO ESPINOZA

La publicación reciente de dos decretos de urgencia (001-2011 y 002-2011) que facilitan la promoción de más de 30 proyectos pasó de ser una buena noticia para los inversionistas a convertirse en una señal preocupante para los especialistas en medio ambiente. Las obras incluyen centrales hidroeléctricas, carreteras, puertos, entre otras.

La razón de esta preocupación es el artículo 5,3 del primer decreto, en el que se exonera a los mencionados proyectos de la presentación de estudios de impacto ambiental (EIA) como requisito para obtener autorizaciones administrativas. Es decir, para que esos trabajos se empiecen a realizar, ya no se necesita comprobar qué consecuencias causarán en el entorno donde se desarrollen.

Esto es lo que explica Mariano Castro Sánchez Moreno, abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). El especialista indica que la entrega de estos estudios ha sido postergada, ya que, aunque es obligatoria, se realizará en paralelo con la obra.

Castro dijo que esta modificación de la exigencia ambiental es lo que convertiría en inconstitucionales a estas normas. "Los decretos de urgencia, según la Constitución, solo se usan para legislar en materia financiera y económica, nunca en la ambiental".

"Esto, además, causaría un retroceso en la obra, ya que si se detecta un impacto ambiental de consideración en el proceso, el trabajo ya se estaría realizando", dijo.

De acuerdo con César Gamboa, abogado de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), estos decretos son de carácter excepcional y solo se aplican en estado de catástrofe o de emergencia económica.

El abogado Henry Carhuatocto, también de DAR, indicó que este punto que vulnera las condiciones ambientales para adjudicar los mencionados proyectos no es compatible con algunos pactos acordados en el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos.

"El capítulo XVIII, en que se habla sobre medio ambiente, indica que es inapropiado promover la inversión mediante el debilitamiento o reducción de las legislaciones ambientales. Esto no se consigue al exonerar los EIA como requisito para obtener la concesión definitiva de estos proyectos", manifestó.

DEMANDA CONGRESAL
El congresista Yonhy Lescano también calificó los decretos de inconstitucionales y señaló que mañana presentará una demanda al Tribunal Constitucional para anularlos.

"Se tiene que dar transparencia absoluta a las obras. Estamos presentando también una ley para derogar estos mandatos", puntualizó.

El ministro de Economía, Ismael Benavides, confirmó ayer en un programa radial que los EIA y las obras se realizarán en paralelo. "Se harán de todas maneras, pero realizar estos estudios demora 18 meses", precisó.

"Si uno ve la lista de proyectos, no hay fundiciones mineras o que afecten el medio ambiente. Es infraestructura básica, que tiene poco o nulo impacto ambiental", finalizó.

MÁS DATOS
Tanto en el 2008 como en el 2009 se emitieron decretos de urgencia en los que también se promovían numerosos proyectos. Sin embargo, ninguna de estas normas consideró modificaciones en las exigencias ambientales, como sí se ha dado en el 2011.

El Comercio se comunicó con el Ministerio de Economía y Finanzas, pero hasta el cierre de esta edición no recibió respuesta. El Ministerio del Ambiente y Pro Inversión señalaron que declararán en las próximas horas.

LA CIFRA
117 conflictos socioambientales se registraron en diciembre del 2010. La cifra total de conflictos fue 246.