VANESSA ROMO ESPINOZA

La publicación reciente de dos decretos de urgencia (001-2011 y 002-2011) que facilitan la promoción de más de 30 proyectos pasó de ser una buena noticia para los inversionistas a convertirse en una señal preocupante para los especialistas en medio ambiente. Las obras incluyen centrales hidroeléctricas, carreteras, puertos, entre otras.

La razón de esta preocupación es el artículo 5,3 del primer decreto, en el que se exonera a los mencionados proyectos de la presentación de estudios de impacto ambiental (EIA) como requisito para obtener autorizaciones administrativas. Es decir, para que esos trabajos se empiecen a realizar, ya no se necesita comprobar qué consecuencias causarán en el entorno donde se desarrollen.

Esto es lo que explica Mariano Castro Sánchez Moreno, abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). El especialista indica que la entrega de estos estudios ha sido postergada, ya que, aunque es obligatoria, se realizará en paralelo con la obra.

Castro dijo que esta modificación de la exigencia ambiental es lo que convertiría en inconstitucionales a estas normas. "Los decretos de urgencia, según la Constitución, solo se usan para legislar en materia financiera y económica, nunca en la ambiental".

"Esto, además, causaría un retroceso en la obra, ya que si se detecta un impacto ambiental de consideración en el proceso, el trabajo ya se estaría realizando", dijo.

De acuerdo con César Gamboa, abogado de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), estos decretos son de carácter excepcional y solo se aplican en estado de catástrofe o de emergencia económica.

El abogado Henry Carhuatocto, también de DAR, indicó que este punto que vulnera las condiciones ambientales para adjudicar los mencionados proyectos no es compatible con algunos pactos acordados en el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos.

"El capítulo XVIII, en que se habla sobre medio ambiente, indica que es inapropiado promover la inversión mediante el debilitamiento o reducción de las legislaciones ambientales. Esto no se consigue al exonerar los EIA como requisito para obtener la concesión definitiva de estos proyectos", manifestó.

DEMANDA CONGRESAL
El congresista Yonhy Lescano también calificó los decretos de inconstitucionales y señaló que mañana presentará una demanda al Tribunal Constitucional para anularlos.

"Se tiene que dar transparencia absoluta a las obras. Estamos presentando también una ley para derogar estos mandatos", puntualizó.

El ministro de Economía, Ismael Benavides, confirmó ayer en un programa radial que los EIA y las obras se realizarán en paralelo. "Se harán de todas maneras, pero realizar estos estudios demora 18 meses", precisó.

"Si uno ve la lista de proyectos, no hay fundiciones mineras o que afecten el medio ambiente. Es infraestructura básica, que tiene poco o nulo impacto ambiental", finalizó.

MÁS DATOS
Tanto en el 2008 como en el 2009 se emitieron decretos de urgencia en los que también se promovían numerosos proyectos. Sin embargo, ninguna de estas normas consideró modificaciones en las exigencias ambientales, como sí se ha dado en el 2011.

El Comercio se comunicó con el Ministerio de Economía y Finanzas, pero hasta el cierre de esta edición no recibió respuesta. El Ministerio del Ambiente y Pro Inversión señalaron que declararán en las próximas horas.

LA CIFRA
117 conflictos socioambientales se registraron en diciembre del 2010. La cifra total de conflictos fue 246.

Tokio. Por: Mario Castro Ganoza – Corresponsal

Treinta y cuatro. Ese es el número de categorías en las que el pequeño pueblo de Kamikatsu, ubicado a 370 kilómetros al suroeste de Tokio, separa la basura que produce para su posterior reciclaje y eliminación. El objetivo de esta pequeña villa agrícola es convertirse en una ciudad Zero Waste (Cero Residuos), la primera en todo el mundo, para el año 2020.

Tan mal no le va, porque desde setiembre del 2003, cuando inició este loable empeño, y gracias a una estricta organización y a la desarrollada conciencia cívica y ecológica de sus habitantes, el pueblito arrocero ha logrado reducir y reutilizar sus desperdicios en un 90%.

Conocido por sus aguas termales y sus frondosos bosques, Kamikatsu, una localidad de 2.000 habitantes y 800 familias, recibe anualmente más de 40.000 visitantes, todos ellos de diversas partes del mundo e interesados en estudiar el sistema de reciclaje que ha impuesto, y que comenzó cuando el incinerador de la localidad no pudo cumplir con los niveles mínimos de eliminación de dioxinas. Ese fue el punto de quiebre para que el alcalde de aquel entonces decidiera no quemar la basura sino dejar de producirla.

RUTINA ECOLÓGICA
Todos los días, entre las 7 y 30 de la mañana y las 2 de la tarde, los pobladores de Kamikatsu acuden al Centro de Reciclaje para dejar su basura. Quienes no pueden hacerlo, ya sea por su avanzada edad o por enfermedad, reciben la visita de un grupo de voluntarios que se encarga del tema, porque en el pueblo no existen camiones recolectores de basura.

Además, los pobladores de la villa deben seguir reglas estrictas a la hora de eliminar sus residuos, como convertir el aceite de cocina y los desperdicios orgánicos en abono para sus huertos, gracias a pequeños recicladores domésticos cuya compra (US$30) subvencionó el gobierno local.

Las botellas de plástico deben separarse por su contenido: agua, aceite, té verde y otras; los periódicos y revistas deben apilarse en paquetes de un determinado peso y amarrarse con cuerdas fabricadas con cartones reciclados; las botellas de vidrio son separadas según su color y no antes de quitarles tapas y etiquetas; los palillos y productos de madera se convierten en pulpa y papel; y todo aquello que se encuentre en buenas condiciones, sea ropa, artefactos, muebles, adornos u objetos en general, es destinado a una tienda bautizada como Kurukuru-shop.

Eso sí, antes de ser eliminados, los objetos que lo necesiten deben ser enjuagados, lavados, secados o limpiados.

El principal problema que tiene el pueblo y que le impide alcanzar el 100% de eficiencia en la reducción de residuos es eliminar objetos como zapatos, colchonetas y alfombras que deben incinerarse, mientras que el vidrio, la cerámica y las bombillas todavía son enterradas en vertederos.

Como cualquier otro proyecto, este también tiene detractores entre los ciudadanos del propio pueblo. La queja principal, aunque esgrimida por pocos, es que la mayoría de objetos que se van a eliminar deben lavarse antes de ir a parar al basurero. A pesar de las quejas, hasta los detractores colaboran en el ecológico empeño haciendo su parte. Lejos de ser visto como un punto débil de la iniciativa, para muchos este es justamente uno de sus pilares: el sentido de colaboración y la conciencia cívica y ecológica de los ciudadanos de Kamikatsu que priman sobre los intereses personales.

LA ACADEMIA
Si bien la ciudad decidió esforzarse para no producir basura en el 2003, no fue hasta el 2005 cuando se creó la NPO (organización sin fines de lucro) Academia Cero Residuos, que en coordinación con el gobierno local se encarga de administrar el proyecto y de promocionar sus avances para animar a que otras villas, pueblos y ciudades sigan su exitoso ejemplo.

De acuerdo con cifras oficiales, en el 2003 Kamikatsu incineraba 62 toneladas de basura, enterraba cuatro, reciclaba 271 y autoeliminaba 198 toneladas (residuos orgánicos convertidos en abono), lo cual daba una producción anual de 268 kilogramos de basura por habitante. En la actualidad esa cantidad no alcanza los 27 kilos per cápita, un reciclaje del 90% que contrasta marcadamente con el promedio nacional: 20%

El crédito en la drástica reducción es básicamente de la Academia, que se abocó a la tarea de instruir desde los niños hasta los ancianos mediante el método de los incentivos: quienes completaban el curso de capacitación recibían billetes de lotería y bonos para la compra de alimentos. A pesar de ello, el centro de reciclaje cuenta con un encargado que se dedica a orientar y vigilar que los ciudadanos separen adecuadamente los residuos.

Para ser consecuentes con su política Cero Residuos, Kamikatsu ha rechazado las subvenciones del Gobierno Central para levantar dos nuevas plantas incineradoras. Pero lo que sí han pedido es que la política Cero Residuos se convierta en una ley que otras ciudades deben aplicar en un límite de tiempo determinado; leyes que obliguen a las empresas a producir objetos reciclables y reutilizables; y la creación de un espacio donde los gobiernos locales de todo el país puedan intercambiar información, ayuda y experiencias para el logro de un solo objetivo: ciudades Cero Residuos.

SIEMPRE REUTILIZABLES
El Japón es un país donde el concepto "segunda mano" no es común. El alto poder adquisitivo de los ciudadanos y el márketing han impuesto un modelo de consumo que conmina al cliente a botar lo que ha pasado de moda. Estas necesidades, que no son otra cosa que un consumismo feroz, son respaldadas por una realidad inobjetable: el espacio reducido de las viviendas, que hace difícil almacenar lo que ya no se usa o necesita. Kamikatsu encontró la salida a esta realidad creando el Kurukuru-shop y la Kurukuru-factory. Del Kurukuru-shop los ciudadanos puede llevarse lo que deseen gratis, así como traer cosas que consideren útiles para otros. La Kurukuru-factory es un espacio donde las mujeres mayores del pueblo reparan cosas usadas que se venden a precios módicos.

Nueva Orleans (Reuters). Unos días después de la muerte de 5.000 pájaros en la ciudad estadounidense de Arkansas, expertos en vida silvestre de Luisiana investigaban la muerte de otros 500 ejemplares en una autopista de Pointe Coupee.

Parte de los pájaros descubiertos en Luisiana resultaron ser mirlos de ala roja, la misma especie de los que se encontraron muertos en Arkansas.

Mientras que las muertes parecen alarmantes, un experto en aves dijo que este tipo de pájaros tienden a anidar en grandes grupos y que cualquier sobresalto puede causar fácilmente que algunos de ellos se desorienten y choquen contra edificios o árboles.

"No es sorprendente si se trata de uno o dos hechos como este", dijo Melanie Driscoll, directora de la National Audubon Society, una organización para la conservación de aves. "Estas cosas pasan", agregó.

Los mirlos y estorninos fueron encontrados el lunes en dos zonas entre New Roads y Morganza, en Luisiana, según Bo Boehringer, secretario de prensa del Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Luisiana.

Jim LaCour, un veterinario que trabaja para este departamento, descubrió que muchos de los pájaros mostraban lesiones traumáticas. Estar cerca de las líneas de alta tensión situadas a lo largo de la autopista podría ser un factor, ya que los pájaros podrían haber chocado contra ellas en la oscuridad. Boehringer dijo que las aves habían sido enviadas a laboratorios de Georgia, Iowa y Wisconsin para analizar las causas de su muerte.

MUERTE POR TRAUMA
Los hechos en Luisiana tuvieron lugar después de que alrededor de 5.000 pájaros, la mayoría de ellos mirlos de ala roja, fuesen hallados muertos en Beebe, Arkansas, en la víspera del Año Nuevo. Investigaciones de veterinarios de la zona concluyeron el lunes que habían muerto tras un trauma masivo.

Una de las teorías que se barajan es que las aves se asustaron por los fuegos artificiales de Año Nuevo y chocaron contra edificios y otros lugares. Otra de las teorías es que las condiciones meteorológicas extremas pueden haber causado las muertes.

La Paz (EFE) . Las autoridades de Bolivia y Perú declararon a la cuenca del río Suches, afluente del lago Titicaca, como "zona crítica de daño ambiental de prioridad binacional", por la contaminación minera en esa área, informó hoy una fuente oficial.

La decisión fue tomada en el marco de la segunda reunión de la Comisión Técnica Binacional del río Suches, que concluyó el jueves en La Paz, detalló la cancillería boliviana en un comunicado.

Tras visitar la zona, ubicada en la frontera entre Bolivia y Perú, la comisión resolvió establecer una "zona de amortiguamiento" en la laguna Suches, entre los hitos 20 y 21.

También se creará un grupo técnico de trabajo que sentará las bases para la elaboración de un plan de "gestión sustentable" del río y se realizará una campaña para "sensibilizar" a los mineros que operan en la zona.

Además, se decidió instalar estaciones de medición para controlar la cantidad y calidad del agua.

La gobernación de La Paz denunció en enero pasado que los mineros peruanos habían desviado las aguas del río Suches, afluente del lago Titicaca, como "zona crítica de daño ambiental de prioridad binacional" e ingresaron 1.000 metros en territorio boliviano, entre los hitos 19 y 20, para explotar ilegalmente el oro existente en la zona.

El Ejército boliviano desalojó 6 meses después a estos mineros y retuvo parte de la maquinaria pesada con la que operaban.

El Gobierno de Evo Morales justificó la acción argumentando que la actividad de los extranjeros causaba a Bolivia un daño económico de al menos 150 millones de dólares anuales.