A muchos peruanos que viven en áreas residenciales les debe haber pasado que de repente, sin que medie ningún aviso, la municipalidad de sus distritos les ha cambiado la zonificación del vecindario (de residencial a comercial), y en un abrir y cerrar de ojos se han encontrado con potentes centros comerciales instalados frente a sus casas, con lo que se incrementó el tráfico, el ruido y el acoso de un sin número de avisos y, en consecuencia, pierden su anterior tranquilidad.
Algo similar pasa en las zonas rurales. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, muchos agricultores se dan con la noticia de que a kilómetros aguas arriba de sus tierras se instalará un complejo minero. De esta manera, lo que creían que sería una zona agrícola por siempre, se convierte en una zona de aprovechamiento minero, por lo que se genera un conflicto.
Pese a que este ejemplo es el más común no es el único. En el país se han generado múltiples conflictos por la disposición territorial, como el uso del agua en cuencas, invasión de terrenos agrícolas por intereses urbanísticos o la instalación de industrias en zonas ecológicas o arqueológicas.
PROCESO
Ante ello, desde el año pasado el Ministerio del Ambiente (Minam) ha empezado un proceso con miras a "poner cada cosa en su lugar", según señala Doris Rueda, directora general de Ordenamiento Territorial de ese ministerio.
Se trata, según explica, de determinar el uso del territorio de acuerdo con sus potencialidades y limitaciones. "Por ejemplo, si se determina que un área tiene potencialidad minera debería definirse una política para el uso de ese territorio; o si es para el sector agrícola, determinar si puede compartir su área con otros sectores sin comprometer la calidad de su producción o las áreas naturales".
El proceso no es sencillo, desde hace dos años se ha encargado a losgobiernos regionales y municipalidades a determinar la Zonificación Ecológica Económica (ZEE), que es la ubicación de todas las actividades y recursos con los que cuentan los territorios, primer paso para lograr el ordenamiento territorial.
La ZEE consolida todos los mapas geográficos y políticos, así como los del agua y subsuelo, para determinar cómo se dispondrá del terreno.
El director de promoción minera del Ministerio de Energía y Minas, Henry Luna, indica que hasta el momento las ZEE establecidas por las regiones han sido realizadas con criterios ambientalistas, sobre todo porque solo han considerado información del área superficial sin tomar en cuenta las potencialidades del subsuelo, con lo cual se excluyen las actividades mineras y de hidrocarburos.
Según Doris Rueda, son cuatro las regiones que ya tienen lista su ZEE: Cusco, San Martín, Amazonas y Madre de Dios. Mientras que los que las tienen avanzadas son Piura, Cajamarca, Apurímac y Puno.
Sin embargo, el proceso ha originado diversos problemas en varios de ellos; el más significativo es el de Cajamarca. El gobierno de esta región estableció una ZEE que según los mineros del Grupo Norte (consorcio integrado entre otros por Yanacocha, Goldfields, Buenaventura y Gloria) era muy conservacionista; el problema incluso hizo que la Confiep retirara a su representante del Comité Técnico Consultivo del Ordenamiento Territorial (formado por 42 representantes tanto del sector público como del privado) por considerar que el proceso no se estaba llevando en una forma adecuada.
El Grupo Norte incluso presentó un plan de acción alternativo a la ZEE que ha desarrollado el Gobierno Regional de Cajamarca.
Carlos Aranda, presidente del Comité de Asuntos Ambientales de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) considera que existe mucha injerencia política que estaría siendo mal entendida o concebida por algunas autoridades regionales y locales, vetando algunas actividades económicas. Esto afecta a su sector sobre todo porque, como señala Aranda,la minería es una actividad que no puede trasladarse a otros lados, sino que trabaja donde está el recurso.
En general, muchos mineros han mostrado ante el propio Minam su preocupación por el proceso. A la vez varios agricultores, como los de Ica, lo apoyan.
POLÍTICO VS. TÉCNICO
Doris Rueda indica que si bien puede haber preocupación, esto no tiene por qué invalidar el proceso, pues hay lineamientos técnicos que evitan que decisiones políticas determinen qué zona es o no agrícola, minera, forestal o industrial.
Señala que el Minam ha rechazado varios ZEE de las regiones por falta de información sobre el uso subterráneo de los suelos.
Además, explica que el ordenamiento territorial no tiene por qué ser rígido ni tampoco implica que dos actividades productivas no puedan coexistir en un mismo territorio.
El defensor adjunto del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Iván La Negra, dice que el proceso del ordenamiento territorial ayudará a resolver muchos conflictos. Sin embargo, considera que se necesita que una entidad autónoma vea el tema. "Los actores podrían decir que por ser el Minam, hay un sesgo hacia lo ambiental". A lo que Rueda responde: "Todo lo que sucede en el territorio en cuanto a uso de suelo afecta el ambiente", por lo que este tema lo debe seguir viendo el Minam. Los actores concuerdan que se requiere de un amplio debate y de mayor información sobre el tema, pues es posible que una vez se culmine el proceso y se revele la foto sobre el uso territorial de los suelos en cada región, muchos no estarán de acuerdo. Lo que sí no cabe duda es que el ordenamiento territorial servirá para darle sostenibilidad a nuestro suelo, un territorio que debe ser convenientemente aprovechado.
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